Una sentencia histórica emitida por un juez de la Corte Superior ha puesto en entredicho la manera en que se aplican los poderes estatales durante los estados de emergencia en Belize. El caso se remonta a julio de 2020, cuando el gobierno declaró un estado de emergencia y detuvo a dieciséis hombres sin presentar justificación clara. Tras cinco años de litigio, el tribunal falló a favor de los detenidos, declarando que las detenciones fueron ilegales y ordenando al gobierno pagar más de $300,000 en compensación. El fallo ha avivado el debate sobre el uso responsable de los poderes extraordinarios del Estado y su impacto en los derechos constitucionales.
El abogado defensor Richard “Dickie” Bradley elogió la decisión, afirmando: “Pido a todos los que fueron detenidos injustamente que obtengan asesoramiento legal y soliciten compensación, porque eso va a ayudar a que nuestro país valore la importancia de su libertad, su derecho a ser libres y su derecho a ser protegidos por la ley. Aunque algunos de los detenidos hayan estado involucrados en actos indebidos, aún tienen derechos. Los derechos aplican a todos — presos, animales, hasta un caballo que fue herido… Esa opinión es errónea. Todos tenemos nuestros derechos”.
El Departamento de Gobierno está ahora revisando dos sentencias contradictorias sobre el mismo estado de emergencia: una que lo había validado debido al aumento de la violencia, y esta reciente que lo declaró ilegal. Con la zona sur actualmente bajo una nueva declaración de emergencia, las implicaciones legales son significativas. Bradley añadió que otros detenidos en situaciones similares podrían también tener derecho a compensación. “Es lamentable que la compensación sea relativamente baja. Algunos recibirán doce mil dólares, otros dieciocho mil dólares, veinte mil dólares o veinticinco mil dólares. Además, cada uno recibirá siete mil dólares en daños y perjuicios, y el gobierno deberá cubrir sus costos legales… Este fallo es un recordatorio de que no porque hayan encontrado una posible solución a un problema, deben comenzar a violar los derechos de las personas”, concluyó el abogado.