¿Están los detenidos bajo el actual estado de emergencia siendo privados de sus derechos constitucionales? El abogado Leeroy Banner cree que sí. Tras representar con éxito a dieciséis hombres en un caso reciente de compensación, Banner acusa a la Fundación Kolbe, administradora de la Prisión Central de Belize, de impedir ilegalmente el acceso de abogados a los detenidos.
La denuncia surge después de que a un detenido se le negara una visita legal, con funcionarios penitenciarios alegando que las regulaciones del estado de emergencia suspenden el derecho a consulta legal a menos que se presente una orden de la Corte Suprema. Banner no acepta esa justificación.
“Justo ayer, un colega me mostró un correo electrónico de la prisión, y me sorprendió que lo pusieran por escrito”, dijo Banner. “Mi socio fue a visitar a un cliente detenido bajo el estado de emergencia, y la prisión declaró explícitamente que no podían reunirse debido a las medidas de emergencia. ¿Cómo pueden afirmar descaradamente que un abogado necesita una orden judicial para ver a su cliente? Eso es ridículo”.
La controversia ha avivado preocupaciones sobre posibles abusos de poder y la erosión de derechos básicos durante estados de emergencia en Belize. El caso podría sentar un precedente importante sobre la interpretación y los límites legales de medidas extraordinarias en tiempos de crisis.